Escrito por: Francis M.

La máxima instancia judicial de Panamá anuló el marco legal que permitía a la subsidiaria de Hutchison Ports operar las terminales de Balboa y Cristóbal, citando violaciones a la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá ha emitido un fallo que declara inconstitucional la Ley N° 5 de 16 de enero de 1997, la cual servía de fundamento legal para la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison Ports Holdings. Con esta decisión, quedan anulados los derechos de operación de las terminales de contenedores de Balboa, en el litoral pacífico, y Cristóbal, en el sector atlántico del Canal de Panamá.

La resolución judicial es consecuencia directa de dos demandas interpuestas por el Contralor General de la República, Anel Flores, quien solicitó la nulidad de la concesión alegando irregularidades que afectaban los intereses del Estado. El fallo impugna no solo la ley original de 1997, sino también las adendas posteriores que permitieron la prórroga del contrato por 25 años adicionales en el año 2021.

Según el informe técnico de la Contraloría que sustentó la demanda, dicha renovación carecía de la autorización legal requerida, contraviniendo preceptos constitucionales vigentes.

Mediante un comunicado oficial, Panama Ports Company manifestó que la decisión resulta «inconsistente con el marco legal relevante» que ha regido sus operaciones durante casi tres décadas. La empresa destacó que, desde el inicio de la concesión, ha ejecutado inversiones que superan los 1,800 millones de dólares, contribuyendo al posicionamiento de Panamá como un centro logístico regional.

PPC defendió la transparencia de su proceso de licitación internacional y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sometidas a auditorías estatales periódicas. La compañía advirtió que la inestabilidad jurídica derivada de este fallo «socava la reputación de Panamá como jurisdicción confiable» para la inversión extranjera directa y reservó su derecho a recurrir a instancias legales internacionales.

El alcance de la decisión judicial ha provocado una reacción del Gobierno de Hong Kong, el cual instó a las autoridades panameñas a respetar los contratos vigentes y garantizar un trato justo a los inversores. Un portavoz gubernamental sugirió que las empresas de dicha jurisdicción deberán revisar la viabilidad de sus inversiones presentes y futuras en el país centroamericano.

A nivel corporativo, persiste la incertidumbre sobre cómo este fallo afectará la reestructuración de una operación de venta global anunciada por CK Hutchison, matriz de la empresa, valorada en aproximadamente 22,800 millones de dólares, la cual incluye las terminales panameñas dentro de un paquete de activos internacionales.